La paradoja del Mundial: Trump salvó a Balogun por el mismo derecho que quiere prohibir

En el debate público cotidiano solemos confundir dos términos que, jurídica y conceptualmente, representan realidades muy distintas: la nacionalidad y la ciudadanía. La nacionalidad es el vínculo jurídico, cultural y sociológico fundamental que une a una persona con un Estado; es, en esencia, la pertenencia a una nación. La ciudadanía, en cambio, es la condición legal y política que otorga a ese individuo nacional el derecho a participar activamente en la vida del Estado, como votar, ser elegido o ejercer cargos públicos. En pocas palabras: todo ciudadano es nacional de un país, pero no todo nacional ejerce la ciudadanía (los menores de edad, por ejemplo, son nacionales, pero aún no son ciudadanos plenos).

La sangre y la tierra: dos paradigmas del derecho

Para otorgar esa nacionalidad primaria desde el momento del nacimiento, la geopolítica global se divide fundamentalmente en dos grandes doctrinas jurídicas: el ius sanguinis y el ius soli.

El ius sanguinis (derecho de sangre) establece que la nacionalidad se hereda a través de la ascendencia familiar, independientemente del lugar geográfico donde ocurra el nacimiento. Es el sistema histórico y predominante en la inmensa mayoría de los países de Europa, Asia y África.

Por otro lado, el ius soli (derecho de suelo) dicta que la nacionalidad se adquiere por el simple hecho de nacer dentro del territorio soberano de un Estado. Este es el modelo fundacional y por excelencia del continente americano. A nivel global, apenas una treintena de países otorgan un ius soli incondicional a cualquier persona nacida en su territorio, destacándose naciones como Estados Unidos, Canadá, Argentina, México y Brasil. Pero, en la mayor parte del mundo (y de la historia de la humanidad), dónde naciste nunca importó tanto como de quiénes naciste.

Hoy, con las complejas dinámicas migratorias, estas fronteras legales se superponen. Según estimaciones globales, aproximadamente el 49% de los países del mundo —unos 123 Estados soberanos— permiten alguna forma de doble o múltiple nacionalidad. Esto genera perfiles de ciudadanos globales con derechos cruzados que muchas veces ponen en jaque a la propia política.

El caso Balogun: la lotería de la identidad

El caso perfecto para ilustrar esta complejidad legal y sus enormes contradicciones políticas lo vimos en esta Copa Mundial de la FIFA 2026. El protagonista indiscutido de esta paradoja es Folarin Balogun, la estrella y goleador de la selección de los Estados Unidos.

La historia de Balogun es un auténtico manual práctico de derecho internacional. Sus padres nacieron en Nigeria, lo que automáticamente le otorgaba la nacionalidad nigeriana a través del ius sanguinis. Sin embargo, él creció y se formó futbolísticamente en el Reino Unido, adquiriendo el derecho a representar a Inglaterra y jugando de hecho en los clubes londinenses.

Pero Balogun tenía un tercer as bajo la manga: nació «de casualidad» en Nueva York, Estados Unidos. Su madre, que estaba de vacaciones en suelo norteamericano, no pudo subirse al vuelo de regreso a su país porque su embarazo estaba demasiado avanzado. Apenas dos meses después del parto en territorio estadounidense, la familia volvió a Europa. Por el más puro e incondicional ius soli, Folarin era ciudadano estadounidense. Esta lotería legal lo hizo elegible para jugar por tres selecciones nacionales distintas en este Mundial. Finalmente, eligió ponerse la camiseta de Estados Unidos.

La paradoja presidencial y la Corte Suprema

El talento de Balogun en la cancha fue indiscutible, pero su participación desató un torbellino institucional en las más altas esferas del poder. Tras recibir una tarjeta roja directa por una dura infracción contra un jugador de Bosnia y Herzegovina, Balogun quedó automáticamente suspendido para el crucial partido de octavos de final contra Bélgica.

Acá es donde la política se metió de lleno en la cancha. Ante la inminente pérdida de la máxima figura del equipo, el presidente Donald Trump decidió intervenir. Según admitió públicamente, el mandatario levantó el teléfono y se comunicó con su amigo personal y presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedirle que revisaran el castigo. La movida surtió un efecto inédito en la historia de los mundiales. Aplicando el artículo 27 de su código disciplinario, la FIFA dejó en suspenso la sanción, dejando a Balogun en un «período de prueba» y habilitándolo para jugar. Acto seguido, Trump celebró públicamente la decisión en su red social, Truth Social: «¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!».

Sin embargo, el episodio expone una de las ironías políticas más feroces de la coyuntura actual. Durante años, Donald Trump mantuvo una postura implacable a favor de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento en el suelo del país, una garantía protegida constitucionalmente por la 14ª Enmienda de la Constitución de su país. Su cruzada para erradicar el ius soli fue tal que su administración litigó hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia para intentar suprimir este derecho, sufriendo finalmente un revés judicial en el máximo tribunal.

Como bien lo resumió la periodista estadounidense Dana Bash al analizar el caso en plena transmisión: «Estamos en una época donde el presidente está tan obsesionado con deshacerse de la ciudadanía por derecho de nacimiento que llegó hasta la Corte Suprema para lograrlo. Y perdieron (…) Y este es el mismo muchacho por el que el presidente está peleando para que juegue en la selección, simplemente porque es un crack, a pesar de que nació de casualidad en territorio estadounidense».

Hoy, con la selección de Estados Unidos ya eliminada del Mundial, la polvareda bajó; pero el enorme contraste quedó expuesto para la historia. La misma administración que llegó hasta la Corte Suprema para intentar anular el derecho de millones de personas que nacen en su territorio bajo las mismas circunstancias que Balogun, no dudó un segundo en mover cielo y tierra para defenderlo. Lo abrazaron y lo blindaron única y exclusivamente porque pateaba bien una pelota y le resultaba funcional a los intereses del país. Es un recordatorio implacable de que, en las cúpulas del poder, los principios constitucionales suelen ser de cristal, pero las conveniencias políticas son siempre de hierro.