¿EE.UU. se está pegando un tiro en el pie? El brutal error de sancionar a la CPI
Estados Unidos acaba de lanzar un sismo diplomático de proporciones inéditas al anunciar que busca desmantelar la Corte Penal Internacional (CPI). Lo curioso —o más bien, lo insólito— es que Washington ni siquiera forma parte de este organismo, ya que nunca ratificó el Estatuto de Roma. Sin embargo, cuando la balanza de la justicia internacional deja de apuntar a sus enemigos históricos y empieza a posarse sobre sus propios aliados o sus propias acciones en Oriente Medio, las reglas del juego cambian drásticamente.
El enojo estadounidense no nació de la noche a la mañana. La CPI ya había emitido dictámenes que incomodaron profundamente al poder global, como las órdenes que afectaron tanto a Vladímir Putin como a Benjamin Netanyahu. Pero, en una movida que dejó perplejo al mundo, la administración estadounidense decidió ir un paso más allá y aplicar severas sanciones financieras directamente contra los magistrados de la Corte.
No estamos hablando de dictadores que lanzaron misiles contra población civil; estamos hablando de juristas con una trayectoria intachable, reconocidos por sus pares a nivel internacional. Aunque en nuestro análisis en video ilustramos esta asimetría con el caso figurativo de «un juez belga» trabajando en Bruselas o Ginebra, la cruda realidad de estas sanciones tiene nombres y apellidos concretos: el peso del bloqueo estadounidense cayó sobre figuras como el magistrado francés Nicolas Guillou y la jueza canadiense Kimberly Prost.
«Vivir con las sanciones de Estados Unidos significa vivir en una constante incertidumbre. Una tarjeta bancaria que funciona hoy puede no funcionar mañana. Mi Apple ID, iCloud, Amazon, Airbnb, PayPal y otras cuentas han sido bloqueadas o canceladas de la noche a la mañana.»
La propia Prost relató así el nivel de asfixia que implica este castigo.
El despertar europeo y el monopolio del plástico
Este atropello institucional encendió todas las alarmas en Europa. Históricamente, los líderes europeos han acompañado las sanciones de Washington cuando estas apuntaban a la Guardia Revolucionaria de Irán o a la Rusia de Putin. Pero perseguir a un juez de la CPI cruzó un límite innegociable. Básicamente, los europeos se miraron a la cara y dijeron: «Che, ¿cómo puede ser que Estados Unidos se despierte un día, no le guste un fallo judicial y te corte todas las tarjetas de crédito?».
Esta crisis expuso una vulnerabilidad estructural brutal. El sistema financiero occidental es completamente dependiente de la tecnología estadounidense. Para ponerlo en números: Visa y Mastercard procesan de manera conjunta unos 24 billones de dólares en transacciones a nivel mundial cada año. Solo en territorio europeo, ese volumen de negocios alcanza los 4,7 billones de dólares anuales. En Estados Unidos, tan solo la red de Visa procesó más de 257.000 millones de transacciones y movió 14,2 billones de dólares de volumen de pagos en su último año fiscal.
Frente a esta hegemonía, Europa está reaccionando. Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, tradujo este hartazgo en una advertencia estratégica fundamental: «Queremos evitar una situación en la que Europa dependa en exceso de sistemas de pago que no están en nuestras manos… si perdemos el control de nuestro dinero, perdemos el control de nuestro destino económico». No es casualidad que el impulso hacia un euro digital e infraestructuras de pago soberanas esté avanzando a pasos agigantados.
El «soft power» y el tiro en el pie
Lo que la actual administración en Washington parece no entender es la enorme influencia silenciosa —ese famoso soft power— que arriesga al utilizar el sistema financiero como un arma de extorsión. Cada vez que usted, yo o cualquier persona saca un plástico para pagar un simple taxi en Buenos Aires, una tajada de ese negocio viaja directamente a Estados Unidos. Cortar ese lazo por una rabieta diplomática es empujar al resto del mundo a buscar alternativas.
Ya lo estamos viendo en el Estrecho de Ormuz, donde Irán desafía la hegemonía del dólar exigiendo el pago de su petróleo en yuanes. Estas medidas unilaterales estadounidenses socavan la credibilidad de alianzas históricas como la OTAN y fracturan el orden mundial multilateral que rige desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
El Secretario de Estado, Marco Rubio, intentó justificar esta embestida afirmando que la CPI es un instrumento de «guerra jurídica [lawfare]» y argumentó que los juristas sancionados «participaron directamente en los esfuerzos de la CPI para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel».
El mensaje de fondo es claro: a Estados Unidos no le interesa que nadie hurgue en los vuelos clandestinos de la CIA, en las prisiones secretas o en las flagrantes violaciones a los derechos humanos cometidas en Guantánamo. Su postura se reduce a decir: «Nosotros no estamos sujetos al derecho internacional, y si nos molesta, atacamos a sus instituciones».
La gran pregunta es si aislarse del mundo civilizado e incentivar a potencias como Europa y China a independizarse del dólar y de sus sistemas de pago es realmente una victoria. Todo indica que, al intentar blindar su soberanía de los tribunales internacionales, Estados Unidos simplemente se está pegando un doloroso y definitivo tiro en el pie.